TERRITORIO Y GOBERNANZA.

Javier Domínguez Rodrigo.

Arquitecto.

La reforma de la organización territorial y la racionalización de la excesiva burocracia y dimensión de la administración local son algunas de las asignaturas pendientes de la España democrática, que aún hoy continúa siendo el único país europeo que no ha reducido el número de sus ayuntamientos desde la Segunda Guerra Mundial.

En el actual mapa municipal todavía perviven tanto la traza parroquial, subrayada por la derogación de los señoríos impuesta por las Cortes de Cádiz de 1812, como la impronta de la división provincial que desde el Trienio Liberal se mantiene prácticamente sin cambios.

El siglo XIX consolida un nuevo marco legal que otorga enormes atribuciones e independencia a los cabildos, aunque el caciquismo va a perdurar incluso tras el Estatuto Municipal de 1924 promulgado por Primo de Rivera.

La historiografía confirma que, incluso durante la autarquía, cualquier enfoque supramunicipal (agrupaciones comarcales,…) se ve seriamente tensionado por los egoísmos autóctonos, la firme oposición de las redes clientelares del lugar y la falta de liderazgo político.

En ese contexto la crónica del planeamiento metropolitano en el solar patrio es la de un proceso imposible como lamenta Fernando de Terán urgiendo una revisión crítica entre los modelos progresista -GATEPAC- y culturalista, acuñados por Françoise Choay.

La consagración del Estado autonómico por la Constitución de 1978 conlleva el traspaso a las Comunidades de las competencias en materia urbanística, reabriendo la polémica sobre los mecanismos técnico-jurídico de cohesión y ordenación sectorial, comarcal  y regional.

El rechazo ideológico hacia las instituciones heredadas del franquismo supone el ocaso y desmantelamiento de todas las entidades metropolitanas, como es el caso de la Corporación de la Gran Valencia cuya huella (solución Sur, geometría circular, ciudad central inspirada en el Greater London de Abercrombie, zonificación, creación de núcleos satélite,…) todavía es legible.

También se aparca definitivamente la pretensión de la capital del Turia de incorporar a su término las catorce poblaciones sitas dentro de los cuatro kilómetros del Camino de Tránsitos: Mislata, Alboraya,… Un magnífico levantamiento topográfico del Instituto Geográfico y Catastral es el único legado de aquella vieja aspiración de 1928.

Pero tras más de treinta años de experiencia autonómica los abultados sobrecostes de las estructuras organizativas y la anacrónica gestión de los servicios, sin contenido propio y con múltiples duplicidades, lastran lamentablemente el futuro.

Se ha reducido en dos tercios el número de empresas públicas pero los anacronismos siguen siendo enormes. ¿Acaso tiene sentido el caos normativo del hinterland valenciano, con 50 planes y ordenanzas diferentes y sin propuestas supramunicipales?

Porque las graves deseconomías de escala e hipotecas actuales son la perversa consecuencia tanto de la anarquía planificadora, como de la ausencia de instrumentos adecuados de coordinación y control propiciada por la descomposición institucional en múltiples taifas.

No sorprende que ante esa situación, el debate sobre la fusión de los más de 8.000 ayuntamientos y la eliminación de las Diputaciones vuelva a la escena pública. Partidos regeneracionistas, como Ciudadanos y UPYD apuestan por agrupaciones más eficientes con ratios mínimas de 5.000 y 20.000 habitantes respectivamente. Además, la formación de Rosa Díez postula un ahorro de 6.000 millones de euros al año por la supresión de los órganos de gobierno provinciales, que a mayor abundamiento carecen de sistema de elección directa.

Sería erróneo pensar que esta cuestión reaparece por la crisis, pues es durante la conferencia de Potsdam -1999- bajo la Presidencia alemana cuando se aprueba una Estrategia Territorial de Europa -ETE- con tres objetivos fundamentales: mejorar la competitividad, favorecer la cohesión social y garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible.

Desde entonces en las diferentes regiones de la CEE se impulsan numerosas iniciativas que hoy constituyen ejemplos de éxito. Así la IBA-Emscher Park en Alemania supone la recualificación ecológica, paisajística y económica de la mayor conurbación europea, la cuenca de Ruhr con una extensión de 450 km² y más de 80 comunidades implicadas.

La Comunidad Valenciana y especialmente su cap i casal precisan iniciar la transición hacia esa nueva cultura del territorio auspiciando un giro copernicano en la gestión pública que ponga fin a la visión cortoplacista y endogámica impuesta por los clanes locales.

La inacción y la ausencia de consensos para llevar a cabo la imprescindible revisión de un modelo obsoleto penalizan en exceso porvenir de las generaciones más jóvenes poniendo en peligro los derechos sociales de la mayoría.

Los dirigentes políticos, empresariales, profesionales,… deben ser capaces de conciliar intereses acordando fórmulas alternativas que, ligadas a la good governance y a los principios inspiradores de la Carta de Leipzig -2007-, faciliten cuanto antes un diseño territorial sostenible.

Deben acometerse reestructuraciones jurisdiccionales y administrativas eliminándose entidades y sustituyéndolas por órganos supramunicipales más eficientes. Y también ha de potenciarse el planeamiento estratégico metropolitano priorizando objetivos comunes: luchar contra los desequilibrios, fortalecer la economía, la educación proactiva,… Porque Valencia precisa que su Comunitat vuelva a ser fuerte y respetada y que en sus pueblos y ciudades se viva bien.