POR UNA NUEVA POLÍTICA URBANA.
Javier Domínguez Rodrigo.
Arquitecto.
Hacer más fácil y legible para los valencianos el complejo marco normativo que ordena el urbanismo tanto en la Comunitat como en la mayoría de sus Ayuntamientos debería ser una prioridad para los gobiernos surgidos de las urnas el pasado 24 de mayo de 2015.
Muchas son las razones que aconsejan un giro copernicano de la abundante producción legislativa auspiciada durante las dos últimas décadas por el Partido Popular. Porque las consecuencias inevitables de la confusa multiplicación de disposiciones son la incertidumbre jurídica y la inestabilidad inversora, pues no se posibilita ni una valoración sosegada de las medidas adoptadas ni un desarrollo razonable de la jurisprudencia.
Desgraciadamente la realidad resulta desoladora. Solo en la anterior legislatura se cambiaron más de doscientas resoluciones relativas al ejercicio de la profesión de arquitecto. La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística -1994- se ha modificado cuatro veces, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje -2001-, cinco, la Ley del Suelo no Urbanizable -1992, 2005-, siete, la Ley Urbanística Valenciana -2004, nueve. Y en 2014 la LOTUP deroga la LUV, el ROGTU, la LOTPP, el Reglamento del Paisaje, la Ley de Actuaciones Territoriales Estratégicas,…
Para colmo la mudanza legislativa se realiza sin el menor consenso político y al margen de los agentes implicados (profesionales, empresarios, corporaciones locales,…), mediante Decretos de Medidas Urgentes, con algunos de los cuales se llega a modificar hasta treinta disposiciones distintas.
Urgente es poner orden, racionalizar y flexibilizar el caótico escenario regulador autonómico. Pero la situación en el cap i casal exige también una profunda revisión, que podría comenzar con la redacción de una nueva Ordenanza Reguladora de Obras de Edificación y Actividades, derogando la anterior.
La descoordinación administrativa es de tal magnitud que con frecuencia se introducen cambios estructurales de gran calado (supuestos de obras sujetas a licencia,…) favoreciendo la referencia en la ordenanza municipal a normas derogadas (Ley 16/2005, Ley 2/2006,…).
Incluso en la web oficial del consistorio se continúa ofreciendo erróneamente información sobre requisitos técnicos y procedimientos con sujeción a textos legales que dejaron de estar en vigor hace más de un lustro.
La desconfianza y desafección que esta situación genera en los colectivos afectados, especialmente entre los emprendedores y pequeños comerciantes (hostelería,…), lastra la recuperación económica pues los tiempos entre la planificación de un negocio y su perfeccionamiento se ven seriamente penalizados dilatándose durante años por la incompetencia de una gestión basada en trámites obsoletos.
La lentitud y rigidez de los procesos y la exagerada cantidad de reglas de control son un freno tanto para la realización de cualquier proyecto como para la captación de capitales exógenos que puedan suplir la ausencia de estímulos públicos a la reactivación del sector.
Además, los bajos niveles de eficiencia resultan paralizantes en muchos ámbitos (actividades en suelos no urbanizables,…) afectando al bienestar general ya que obstaculizan la capacidad de creación de riqueza y empleo por parte de la sociedad civil.
Duplicidades documentales, criterios diferentes cuando no contradictorios entre las Juntas y Servicios municipales, personal en registros sin ninguna formación técnica, ausencia de plantillas de referencia,… marcan un cúmulo de despropósitos y demoras inexplicables que solo se explica por el comportamiento malthusiano de los clanes en el poder.
El principal perjudicado por la desidia administrativa es el usuario, pues el resultado es un retraso y encarecimiento de las obras que además en muchos casos se ejecutan sin las suficientes garantías (seguridad y salud, gestión de residuos,…) e incumpliéndose reiteradamente la Ley de Ordenación de la Edificación -LOE-.
El recurso al indulto inmobiliario, es decir a la regularización de construcciones ilegales tras el pago de una sanción, condonándose las infracciones para hacer caja frente a una coyuntura adversa, suele ser el vergonzante corolario a la fragilidad institucional.
En ese contexto tanto a Ley 2/2012 de Apoyo a la Iniciativa Empresarial, como la 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, postulando el archivo único y el acceso general electrónico, resultan tan utópicas como estériles.
Si Valencia quiere superar la crisis necesita cambiar urgentemente de rumbo y acometer sin demora las enormes reformas que requieren tanto sus ineficientes estructuras organizativas como su enmarañado entramado legal. Y una de las peores amenazas a las que se enfrenta la Comunitat es su propia inacción debido a la prolongada ausencia de liderazgo.
Priorizar la rehabilitación urbana frente a la colonización indiscriminada del territorio, implementar mecanismos básicos de cooperación intermunicipal, garantizar la integración social favoreciendo la VPO, reforzar el apoyo a la promoción en régimen de alquiler, frenar el imparable deterioro del medio ambiente (contaminación, eficiencia energética,…) o abordar microintervenciones en el espacio público son algunos de los retos más inmediatos.
Pero la primera medida de esa nueva política urbana que los ciudadanos reclaman debería ser la de reducir la inseguridad jurídica poniendo fin a la actual ensalada de normas, imprescindible además para iniciar un adelgazamiento y racionalización de la administración.