UNA REFORMA 2.0 PARA LA PLAZA DE LA REINA.
Javier Domínguez Rodrigo.
Arquitecto.
La siempre inacabada plaza de la Reina, cuya modesta edilicia apenas encaja en la excesiva oferta espacial surgida de un frustrado proceso de conformación, lleva décadas anhelando su definitiva reparación.
Desde mediados del XIX (Calvo,…) es objeto de propuestas recurrentes -Goerlich (1929, 1935, 1949,…)- e intervenciones truncadas, como la del concurso de ideas de 1951, al que concurren dieciocho equipos.
El jurado falla a favor del proyecto de Vicente Figuerola, autor de la finca de Hierro, que introduce dos ambientes regularizados mediante un sistema porticado de carácter clásico enmarcado por la fachada meridional de la catedral, cuyo imafronte sirve como eje compositivo.
Seis décadas después sorprende la pertinaz pervivencia del problema: resolución del desnivel de metro y medio de la planimetría, enfatización de la perspectiva de la portada barroca, formulación de una ordenanza gráfica especial, materialidad, pérdidas patrimoniales -Pasaje Giner-,…
El resultado es de todos conocido, un desolador vacío palimpsesto en el que coexisten malogradas temporalidades interinas que dibujan el esponjamiento fruto de la metástasis urbanística del desarrollismo.
Desde 1970 un aparcamiento subterráneo, gestionado por Estacionamientos Madrid, SA, preside con sus rampas helicoidales tan singular escena. Custodiadas por una vulgar jardinería fragmentada por paradas y viales para autobuses y taxis testimonia el implacable predominio funcional del tráfico rodado en el diseño de la Valencia moderna.
La plaza-explanada evidencia el fracaso de un empeño colectivo por construir un ágora cívico y el triunfo de un modelo de polis que apostando por el Ensanche (Mora) frente a la Reforma Interior (Ferreres, Aymaní) no alcanzará resultados de relevancia en la transformación de la ciutat vella.
La utopía reformadora, lastrada por la ausencia de iniciativas empresariales y el clima de inestabilidad política de la segunda mitad del XIX, preludia la hegemonía de la retícula ortogonal (Cerdá) y de los mecanismos jurídico-económico liberales que dominan el negocio inmobiliario.
El periodo democrático repite durante el amplio mandato (1991-2015) de los populares muchos de los postulados planificadores de la autarquía, imponiendo estrategias territoriales fuertemente expansivas (Ademuz, Tarongers, Moreras,…) en detrimento del centro histórico.
Durante años derribos indiscriminados alteran la trama convirtiéndola en un gruyère que anuncia un dilatado episodio de gentrificación. Su triste corolario es la degradación y abandono de los barrios (Velluters, Carmen,…) que llegan a perder casi el treinta por ciento de su población.
Paralelamente la ausencia de medidas rehabilitadoras (financiación, ayudas,…) y la implacable multiplicidad de trabas administrativas, con tiempos de espera para obtener licencias de hasta varios años, expulsan la inversión privada del casco antiguo en favor de los suelos periféricos que ven durante la burbuja crecer exponencialmente su valor.
En tan náufrago contexto el Colegio de Arquitectos, con Alberto Peñín como Decano, decide impulsar (1998) la reflexión y concienciación de sus vecinos convocando un concurso que ofrezca alternativas y soluciones.
Si en plena posguerra -1942- la actitud beligerante de su predecesor Enrique Pecourt conseguía salvar de ser demolido, para que se prolongara la calle de la Paz, el templo de Santa Catalina, cómo no se podía lograr en los albores del siglo XXI la redención del urbanismo local mediante la arquitectura
La convocatoria es un éxito ético y estético aunque la propuesta ganadora de los arquitectos Miguel del Rey, Íñigo Magro y Antonio Gallud, cedida al Ayuntamiento, nunca se tomara en consideración.
Por ello, al alcalde Joan Ribó debe reconocérsele el valor para, en medio de un clima de desconfianza y desafección, iniciar cambios (protección de la huerta, carril bici,…) y sobre todo asumir riesgos recuperando un proyecto, solvente y riguroso, aparcado durante casi dos décadas.
Pero, tras tan dilatada espera, la reurbanización de la plaza no deja de ser una intervención de acupuntura, aislada, que por su carácter puntual no puede frenar el imparable deterioro de la primigenia traza conventual y cerrada de Tosca.
Hoy el cap i casal reclama con urgencia una visión global de sus principales problemas: movilidad, eficiencia, integración social, competitividad,… Y sus habitantes exigen respuestas claras: ¿el parking existente seguirá siendo de rotación o en el futuro será únicamente para residentes? ¿se reducirá su tamaño para generar una cripta-museo arqueológico? ¿se cambiará su tapa para permitir arbolado de mayor porte?
No conviene olvidar que las decisiones políticas inciden directamente en la calidad del entorno en que se desarrolla la vida y que si hoy hay una demanda explícita de toda la sociedad europea -Carta de Aalborg- es la de reforzar la búsqueda en común y con la participación de todos los agentes implicados en compromisos y acuerdos.
Tras la escasa pedagogía municipal en asuntos como el uso del carril bus o las terrazas ¿asistiremos a una etapa de consensos con comerciantes y vecinos? ¿se dialogará sobre la conveniencia o no de restringir el tráfico rodado en las calles de la Paz y San Vicente? ¿a dónde se trasladarán las paradas de la EMT y de los taxis? ¿se dará una solución provisional o definitiva?
Además, ya el equipo de Vetges Tú i Mediterrània aborda en 1988 la conveniencia de interconectar un área de actuación mayor, con la plaza de la Virgen como atrio sagrado y la de la Reina como foro laico. ¿Acaso las restricciones al tráfico, las peatonalizaciones y la recualificación paisajística del espacio público no requieren un ámbito de trabajo mucho más amplio y ambicioso que el que se está planteando?
Porque para construir su futuro Valencia necesita generar nuevos espacios 2.0 (sostenibles, colaborativos, dinamizadores,…) capaces de estimular una auténtica revalorización ética. Y para lograr la revitalización equilibrada y continua de la ciutat vella es imprescindible recuperar las iniciativas privadas poniendo fin a una incompetente gestión administrativa sustentada en un alarmante desorden normativo. En suma, instaurar en el municipio un verdadero cambio de paradigma urbanístico ligado a la good governance.