A PROPOSITO DE LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES.
Javier Domínguez Rodrigo
Arquitecto.
La retirada del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales anunciada el pasado14 de abril por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, supone en año electoral el desistimiento por parte del Gobierno de proseguir tramitando una desnortada propuesta que había concitado el máximo rechazo entre las profesiones colegiadas.
Desposeer la edilicia de la esencia cultural de la disciplina arquitectónica supondría un error histórico y un ataque incomprensible al arte de proyectar y construir que siempre supo evolucionar, desde Vitrubio a la Bauhaus, salvaguardando un nivel de excelencia reconocido en todas las épocas.
El Consell Valencià de Cultura se sumó en 2013 a la petición de reconsideración de la LSCP y a propuesta del Presidente del CTAV Luis Sendra Mengual, con el apoyo de los consejeros Vicente González Móstoles y José Mª Lozano Velasco aprobó la Declaración sobre Arquitectura y Cultura.
La LSCP conllevaba un auténtico fraude para los más de 30.000 jóvenes que cursan en España los estudios de arquitectura, excediéndose en su objetivo de regulación de servicios al pretender una espúrea modificación de las atribuciones.
El Presidente del CSCAE Jordi Ludevid i Anglada radicalmente opuesto a esa iniciativa del Ministerio dirigido por Luis de Guindos, ha defendido durante estos años la vigencia de la Ley de Ordenación de la Edificación como una suerte de Constitución técnica consensuada por la pluralidad de los agentes intervinientes y ampliamente avalada por el conjunto de la sociedad.
Se pone fin a la pretensión del Gobierno de aprovechar una pésima norma, como es la Ley Ómnibus, para a través de su Ministerio de Economía, que carece de competencia para ello, eliminar la obligatoriedad de la colegiación y del visado para buena parte de los proyectos de los arquitectos.
Que la Ley 25/2009, de transposición de la Directiva 2006/123 CE, relativa al mercado interior, no es el instrumento adecuado para regular el sector de servicios profesionales, en cuestiones básicas que afectan a su estructura y a sus funciones, ha sido reiteradamente denunciado.
Lógico, pues, el malestar de los arquitectos españoles, asistiendo atónitos al lamentable espectáculo del legislador, tan ávido por controlar unas actividades y profesiones que desconoce, como incapaz de sacar a la luz un texto legal que no sea inadecuado, confuso y trufado de errores.
Porque, los Colegios Profesionales son corporaciones de derecho público, fundamentales en la defensa de los intereses de los ciudadanos, que además contribuyen con sus propios medios, en la prestación de numerosos servicios de interés general como la protección y defensa de los valores medioambientales, la exigencia de mayor transparencia en la contratación pública, la defensa del patrimonio mediante cartas internacionales, planes especiales,…, la mejora de la calidad del ejercicio profesional mediante la implantación de programas de formación continua, la restricción del intrusismo impulsando sólidas garantías como el Seguro de Responsabilidad Civil asociado al visado, las políticas sociales en apoyo de los más jóvenes, favoreciendo la creación de bolsas de trabajo, la internacionalización de la profesión,…, el auxilio a la Administración de Justicia, mediante el Peritaje Judicial,…
Además, el visado colegial que se pretendía eliminar, desarrolla una triple función pública: de Control y Verificación, Estadística al servicio de las administraciones públicas y Archivística, siendo el mayor registro histórico general de proyectos y obras en España.
Por ello, cuando se ha comprobado que la supresión e ineficacia de los controles han sido una de las principales causas de la corrupción y de la crisis económica actual ¿cómo se pretendía suprimir el visado, en lugar de apostar por su modernización aprovechando sus enormes potencialidades económicas, administrativas y sociales? ¿Qué sentido tenía tratar de debilitar las centenarias organizaciones colegiales, restringiendo y limitando sus fuentes de ingresos, que además no proceden del erario público, como es el caso de las formaciones políticas y sindicales?
Resulta inadmisible que se ignore la enorme función social de los Colegios, cuya misión y cometido cuenta con base expresa no sólo en la Constitución Española, sino en el ordenamiento comunitario. No en vano, la Unesco, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Luxemburgo han proclamado reiteradamente la necesidad de los Colegios como garantes de los servicios profesionales consciente de que su bondad constituye la mejor defensa de los derechos de los usuarios (intrusismo, malas prácticas, código ético,…).
Porque, la independencia, dignidad e integridad de las profesiones reguladas y también el secreto profesional, constituyen valores superiores comúnmente reconocidos en el ámbito de la Unión Europea. Y el ejercicio de los Arquitectos españoles con competencias tecnológicas, artísticas y humanísticas lleva décadas constituyendo un referente universal de prestigio, calidad y responsabilidad social.
Al fin y al cabo las mayorías y los gobiernos pasan y acaban pagando su afán de control y la ausencia de diálogo. Los arquitectos seguiremos defendiendo tanto nuestra libertad e independencia como el valor público y cultural de la ARQUITECTURA.