El derecho constitucional-art.47- a una vivienda digna, recogido también por la Declaración Universal de Derechos Humanos -art.25- es continuamente relegado en España como evidencian las altísimas tasas de pobreza energética y desahucios que han abocado a la exclusión a amplios sectores de la población.

Esa situación se ha visto agravada tanto por una desnortada política energética como por una errática agenda de ajustes y recortes que han repercutido muy negativamente en los colectivos más vulnerables y desprotegidos.

Las bajas rentas familiares y el envejecimiento del parque inmobiliario, con más de 5 millones de viviendas de más de 50 años, han elevado al 9% el porcentaje de los hogares incapaces de dotar sus espacios domésticos de una temperatura adecuada en invierno, viéndose afectadas 4 millones de personas.

Tan adverso escenario aleja cada vez más el país del compromiso de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, alcanzando un ahorro del 20% del consumo de energía en 2020 y del cumplimiento de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.

Desgraciadamente en ese contexto, mientras la Comunidad mantiene el record peninsular de emisiones, Valencia en lugar de asumir un papel de liderazgo ejemplarizante protagoniza el despilfarro y la contaminación lumínica, registrando un índice de 127 Kwh frente a los 62 Kwh de Madrid o los 45 Kwh por habitante de Alemania.

Paralelamente, los devastadores efectos de la crisis han castigado con dureza a la industria de la construcción que ha perdido, desde 2007 según datos de la CEOE, más de 1.400.000 puestos de trabajo y visto desaparecer casi 250.000 empresas.

Por ello, es urgente definir una estrategia global para erradicar la pobreza energética y alcanzar los objetivos de eficiencia y cambio climático marcados por Bruselas. Y, sobre todo, es imprescindible impulsar la reconversión del sector hacia un modelo integrador y sostenible como el de la Eurozona en el que el peso de rehabilitación alcanza una media del 50%. Porque difícilmente se puede conseguir la reactivación económica sin un buen PLAN DE ESTÍMULO A LA REHABILITACIÓN.

            En el conjunto de la UE se calcula que por cada 1% del PIB destinado bien en infraestructuras, bien en rehabilitación, se originan retornos fiscales del 0’62%, por los impuestos indirectos -IVA,…-, directos, el incremento de recaudación de las cotizaciones sociales y los demás tributos dependientes de las CCAA y los entes locales como IBI, ICIO e ITP.

Es decir, que por cada millón invertido se generan entre 18 y 20 empleos, requiriéndose 14.000 €/año de ayudas públicas por cada nuevo puesto frente a los 19.900 €/año de promedio de coste en el subsidio de paro.

La formulación de un programa estratégico de rehabilitación y eficiencia energética para la edificación exige la implementación de medidas de carácter normativo, administrativo y financiero que deben sustentarse en amplios consensos para garantizar su estabilidad y aplicación.

Resulta prioritario simplificar y homogeneizar (ordenanzas tipo) los anacrónicos procesos administrativos, evitando duplicidades y contradicciones. El fracaso de la Inspección Técnica de la Edificación -ITE- por el obsceno incumplimiento de una mayoría de municipios y la ausencia de desarrollo normativo de la Ley 8/2013 por parte de la Generalitat precisan igualmente ser corregidos.

En cuanto al diseño de las líneas de ayuda pública hay que aprovechar los Fondos Europeos -FEDER, FSE, BEI,…- para poder trasladar liquidez a las empresas y a los ciudadanos. Y atraer capitales exógenos especialmente dirigidos hacia los mercados de alquiler (viviendas, oficinas,…) y terciario (turístico, hotelero, de transportes,…).

Desarrollar nuevas formas de colaboración público-privadas e incorporar el modelo anglosajón del Green Deal facilitaría el que grandes compañías asumieran los servicios de rehabilitación energética con pago diferido a la facturación de consumos posteriores (cinco, diez años,…).

El indispensable cambio exige la reorganización de las estrategias de negocio mediante la incorporación de procesos constructivos más tecnológicos y la generación de confianza en los consumidores instaurando sistemas de acreditación de las empresas que acaben con el intrusismo, la picaresca y las malas prácticas del periodo de la burbuja.

La Administración ha de comprometerse a arbitrar una gobernanza basada en la equidad, transparencia y eficacia, estableciendo medidas garantistas y explorando mecanismos de producción alternativos: district heating,…

El diseño bioclimático y la viabilidad medioambiental deben ser uno de los pilares de la planificación urbana, especialmente en la revitalización y recuperación integral de los centros y núcleos históricos como el Cabanyal-Canyamelar.

Porque sin una perfecta hoja de ruta para la rehabilitación difícilmente se pueden cumplir los compromisos de coeficiencia energética exigidos por la Unión. Y menos aún contribuir a la resolución de los problemas estructurales del sector de la construcción, coadyuvando a la recuperación económica, a la sostenibilidad ambiental y sobre todo a mejorar la calidad de vida de todos, tanto en el hábitat particular como en el espacio público.