URBANISMO Y POLÍTICA: EL RETO DE LA BUENA GOBERNANZA.
31 Enero, 2016
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URBANISMO Y POLÍTICA:

EL RETO DE LA BUENA GOBERNANZA.

 

Javier Domínguez Rodrigo.

Arquitecto.

 

Todo Plan General conlleva la formulación detallada de una hoja de ruta para construir un nuevo modelo de ciudad. Por ello, el hecho de que los populares valencianos asumieran el PGOU de 1988, que aún hoy mantiene pendientes muchas de sus principales determinaciones urbanísticas, favorecería la crítica fácil y ácida por parte de la oposición durante más de dos décadas.

 

Promesas electorales, como el soterramiento de las vías de Renfe, la ampliación de la red de metro o el Parque Central, presentes en los programas del PP de las últimas cinco campañas continúan con aplazamientos sine die.

 

Y también la controvertida prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, suspendida en 2009 por el Ministerio de Cultura. Casi seis lustros de degradación de las tramas y tejidos históricos del Cabanyal-Canyamelar han arruinado un barrio entero, sin que hasta la fecha se propongan soluciones conclusivas y útiles.

 

Como contrapunto, en ese mismo periodo el Plan ha soportado más de un centenar de modificaciones con notables incrementos edificatorios y significativas reclasificaciones de suelos protegidos como la zona de Actividades Logísticas -ZAL- del puerto (71 Ha) declarada nula por el Tribunal Supremo en 2015 o el megaproyecto de Sociópolis (45 Ha) promovido por el IVVSA.

 

Cierto que los cambios en la escena socioeconómica  son inmensos por la recesión y que la realidad municipal resulta cada vez más compleja, pero la corporación de Joan Ribó debería poner fin a la apatía del último mandato de Barberá, armando un nuevo planeamiento que permita afrontar con éxito los enormes retos a los que la capital se enfrenta.

 

El hinterland valenciano integra más de 50 poblaciones y supera el millón setecientos mil habitantes. La ausencia de una ordenación supramunicipal que imponga una mínima coherencia espacial a las políticas sectoriales (transporte, servicios, equipamientos culturales, deportivos,…) pone en evidencia las enormes carencias del urbanismo en el último cuarto de siglo.

 

Sería un error dilatar más en el tiempo la implantación de estrategias territoriales -PATs- para poner en valor los valiosos activos medioambientales del cap i casal: la Huerta, la Albufera, el frente litoral (playas, cordones dunares,…),…

 

Porque las Infraestructuras Verdes no son meros corredores funcionales, sino que deben concebirse como instrumentos de vertebración metropolitana con capacidad para conectar todo el sistema de espacios libres (naturales, periurbanos,…). En ese sentido, convocatorias como la de la Consellería de Vivienda (BOE nº 311, de 29/12/15) son un insulto a la inteligencia y al paisaje, incompatible con los principios (art. 103 de la CE) que han de inspirar la acción administrativa.

 

Deviene errático confundir los procesos de información con los de participación pública, cuya diferencia radica en la voluntad preventiva de los segundos frente a los primeros. Y para estimular el papel y la respuesta de la sociedad, instaurando una nueva gobernanza responsable, transparente y participativa, los políticos deben ir acostumbrándose a pedir la opinión a los agentes implicados, a los profesionales y a los expertos antes de tomar decisiones.

 

Al margen de prejuicios ideológicos es obvio que más allá de unos pocos gestos de cara a la galería, no parece que los gobiernos del tripartito sean capaces de resolver las dicotomías recurrentes que tanto lastran el porvenir de la Comunitat. Todo lo contrario, su habilidad para provocar desencuentros con la jerarquía católica, otras administraciones (obras en el palacio del Temple), las comisiones falleras, los comerciantes del mercado central, las escuelas concertadas, los vecinos (salubridad, tala de moreras,…),… comienza a ser alarmante.

 

Sorprende, además, la abrumadora crisis de ideas y alternativas para combatir el imparable crecimiento de la desigualdad -Piketty- y de la fractura social -Varoufakis-. ¿Cómo se explica que ni siquiera hayan derogado la moratoria para construir VPO introducida en 2014 por la LOTUP?. O al menos que intenten poner fin al imperante caos normativo autonómico con Decretos de Medidas Urgentes que han llegado al sinsentido de modificar hasta 30 leyes y disposiciones distintas.

 

No se deberían buscar excusas para no abordar los múltiples problemas que afectan al futuro inmediato de los valencianos: ausencia de programas de estímulo a la rehabilitación, saneamiento de las haciendas locales, eliminación de duplicidades burocráticas, desarrollo de clústers tecnológicos, gestión de business plan captando capitales exógenos, movilidad sostenible, erradicación de barracones en los colegios, déficits dotacionales, redefinición de una interfaz puerto-ciudad, desafección institucional, renovación urbana (Nazaret, antigua Fe,…), regeneración del espacio público en las áreas de mayor interés patrimonial (plazas del Ayuntamiento,…), de los ecosistemas limítrofes,…

 

Valencia no puede permitirse el lujo de continuar sin los Planes de Acción Territorial más elementales, como son el de Protección de la Huerta, el de Infraestructura Verde y Paisaje y el del Área Metropolitana.

 

Frente a la visión modelística anterior debería primar la planificación estratégica, apostándose con sensatez por un cambio de paradigma urbanístico ligado a la good governance, que armonice lo deseable con lo posible e impulse estructuras organizativas al servicio de la competitividad y de las iniciativas emprendedoras.

 

La ciudad precisa con urgencia recuperar su crédito con un nuevo proyecto político global, solidario e integrador que pueda ser compartido por una amplia mayoría y que nazca con vocación de continuidad y de futuro.

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